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Vivimos en la era digital y eso conlleva a la sociedad a un proceso de adaptación y transformación en nuestra forma de relacionarnos, de trabajar y de vivir que nos ofrece la posibilidad, entre otras cosas, de acceder a gran cantidad de información y servicios de forma ágil i inmediata. La transformación digital se fundamenta en la incorporación de tecnología en nuestros procesos y servicios para adaptarlos a la era digital, mejorarlos y potenciarlos. Permite también ofrecer nuevos servicios que cubran necesidades antes no resueltas. Pero la transformación digital va más allá de la aplicación de tecnología: implica cambios estructurales en las organizaciones, cambiar la forma de funcionar, de trabajar y, en definitiva, un cambio cultural.

El proceso de transformación digital en empresas e instituciones que ya se venía llevando a cabo, se aceleró como consecuencia del COVID-19. Son diversos los ámbitos en que se observar: en el contacto con el empleado, con el cliente final, con los pagos, con la ciberseguridad, con los trámites de documentación e incluso con la comunicación entre objetos (IOT). Esta transformación, igual que en todas las organizaciones, también tiene lugar en el ámbito público y supone una gran oportunidad de mejora, de optimización y de simplificación de los servicios. Consiguiendo de esta manera agilizar y facilitar la relación de la ciudadanía con la administración pública. Para entender su aplicación en mayor profundidad, hemos hablado con Marga Bonmatí, directora gerente del Consorcio Administración Abierta de Cataluña, para que explique cómo podría ser la aplicación real en un municipio que busca la transformación digital.

El proceso de transformación digital en las administraciones públicas se inició de forma generalizada hace más de 10 años, y según Bonmatí hoy en día el 99 % de las administraciones locales garantizan a la ciudadanía que puedan realizar trámites por vía digital. “Uno de los primeros logros de la digitalización de las administraciones fue el poder ofrecer servicios de atención y tramitación por canal telemático, y, por tanto, ampliando el servicio a cualquier día de la semana y hora”, explica. De este modo, el ciudadano puede realizar sus trámites con la administración sin necesidad de desplazarse, ni estar sujeto a horarios. “La Transformación digital de las administraciones ha supuesto también un gran beneficio a la hora de realizar cualquier trámite en cuanto a su simplicidad”, añade Bonmatí, y lo explica con algunos ejemplos: “El ciudadano ya no ha de aportar documentación que ya existe en otras administraciones, puesto que estas interoperan entre ellas para verificar los datos y la información necesaria. Al mismo tiempo, la ciudadanía, cuenta con mecanismos seguros y de confianza para poder consultar a la administración de forma remota todos sus datos administrativos”.

La transformación digital en las administraciones públicas

Es cierto que la digitalización de las administraciones ha supuesto como primer paso una “automatización” de aquello que se hacía más que una verdadera transformación, pero se va abriendo camino hacia “repensar” y “rediseñar” los servicios y procesos, simplificando, relacionando con otros intereses que pueda tener el ciudadano y analizando información que pueda llevarnos a ofrecer servicios públicos de calidad que se avancen a la necesidad del ciudadano de forma personalizada.

Según explica Bonmatí, una aplicación común en las administraciones locales respecto a la transformación digital es el hecho de que en el diseño de cualquier nuevo servicio (una subvención, ayuda, obtención de licencia) la prioridad es que sea accesible y gestionable 100 % por vía digital, y eso tiene un beneficio claro para la ciudadanía. Sin embargo, la directora del consorcio AOC destaca que existen otros beneficios no tan visibles, pero de gran valor para la organización, como es el que exista más relación y colaboración entre los diferentes actores/departamentos que intervienen en diferentes procesos o gestiones. Este cambio aporta eficiencia a las organizaciones, mayor conocimiento, simplificación y crecimiento.

En esta línea, Bonmatí asegura que “una transformación digital completa nos ha de llevar a una gobernanza inteligente en la que mediante analítica de datos y aplicación de técnicas de inteligencia artificial ofrezcamos al ciudadano servicios proactivos y personalizados”.

La transformación digital y el Consorcio AOC

Desde el Consorcio AOC se impulsa la transformación digital de las administraciones públicas catalanas y se ofrecen servicios y soluciones comunes a todas ellas. El uso de todas ellas ha supuesto en 2020 un ahorro de casi 500 millones de euros para todas las administraciones y la ciudadanía catalana. “El primer paso para abordar la transformación digital es saber cuál es nuestro punto de partida. Dónde estamos, cuáles son nuestros puntos fuertes y los que hay que mejorar. Esta tarea implica un proceso de evaluación, observación de indicadores y medidas que nos permitan este autoconocimiento”, asegura Marga Bonmatí.

El Consorcio AOC trabaja muy cerca de los ayuntamientos, acompañándolos en su transformación digital, compartiendo e impulsando una metodología de trabajo (e-Set) que facilita la transformación digital, acompaña al trabajador público en las nuevas formas de trabajar, de organizar la información, de clasificar y del uso de las soluciones digitales con las que trabaja. “En paralelo, tenemos foros de comunicación diversos en la que debatir temas de interés común a todas las administraciones locales”, explica Bonmatí.

Además, pone a disposición de las administraciones, de forma gratuita, soluciones tecnológicas de administración digital, siendo de singular relevancia su actividad como nodo de interoperabilidad entre todas las administraciones públicas (estatales y catalanas), a través del cual sólo en 2020 se han intercambiado casi millones de datos, haciendo posible de esta manera que el ciudadano, al realizar un trámite, no aportara documentación gestionada por otra administración. Y como llave de acceso a todos los servicios digitales públicos, dota a los trabajadores públicos y a la ciudadanía de sistemas de identidad digital seguros y de confianza.